Una huelga reprimida por los militares crispó la hasta ahora buena relación de la mayoría oficialista en la Constituyente y el presidente de Ecuador Rafael Correa, que amenazó con renunciar si ese órgano indulta a los presos por el paro que afectó la producción estatal de petróleo.
“Si la Asamblea (de plenos poderes) pretende gobernar el país, acepten mi renuncia”, reiteró el mandatario ayer al siguiente día de haber hecho una advertencia similar.
Correa se mostró fastidiado con la intervención de la Asamblea de plenos poderes que redacta la nueva Constitución en el caso de Dayuma (Orellana) donde rige el estado de excepción desde el 29 de noviembre a causa de la protesta de pobladores que reclamaban obras viales.
Investigación
El viernes el jefe de la Constituyente, el oficialista Alberto Acosta, anunció una investigación sobre los supuestos atropellos de las tropas y se comprometió “a hablar con el gobierno para que se aceleren los trámites judiciales, y se dé paso a la liberación de las personas inocentes”.
No obstante Correa aseguró que interpretaría la pesquisa “como una puñalada por la espalda” y se opuso a cualquier intento de amnistía para una veintena de detenidos acusados de terrorismo y sabotaje.
‘TRABAJEN, NO CRITIQUEN’
Entre los capturados por la huelga en Dayuma está Guadalupe Llori, prefecta de la provincia de Orellana, quien fue apresada y trasladada a una cárcel de Quito.
Correa, que describió como ejemplar la actuación de la fuerza pública en las protestas, le pidió con tono comedido pero severo a la Asamblea que se dedique a hacer una nueva Constitución en vez de evaluar cada acción de su Gobierno.
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